El 08 de enero, entre gallos y media noche y a escondidas de los trabajadores, la Legislatura Provincial, por orden del Ejecutivo, sanciona varias Leyes entre las que están la Ley de «Emergencia»Nº 1068, la Ley de creación de la caja previsional Nº 1070, la Ley de creación de la caja asistencial Nº 1071 (ES DECIR SE DIVIDEN LAS CAJAS) y también se sanciona una Ley modificando la Ley Nº 561, la que es vetada por la gobernadora en su articulo 27 y devuelta a la legislatura para su revisión y corrección (ESTA ÚLTIMA ES LA QUE VERDADERAMENTE PERJUDICA AL TRABAJADOR/A EN FORMA PERMANENTE).
Ley 1068: En esta ley se declara la emergencia del sistema previsional (QUE EN REALIDAD NO EXISTE) por el plazo de 2 (dos) años prorrogables por otros 2 (dos) (si así lo entiende el ejecutivo), se reconoce una deuda de 208 millones de dolares que la Provincia y Municipios le deben al ente recaudador y administrador (es decir el IPAUSS) esto en pesos y aplicando los intereses que la misma ley dispone (el cual es irrisorio) serian tres mil millones de pesos, cuando en realidad, según el tribunal de cuentas la deuda total es de trece mil millones de pesos, es aquí donde realizan la licuación de deuda (a través de una novación legal artículo 29), y se impone a los trabajadores un aporte solidario que va desde el 1% para menores de 45 años, el 3% para trabajadores entre 45 y 50 años y el 4,5% para trabajadores de mas de 50 años, pero esto no termina acá, porque los jubilados que cobran mas de 40 mil pesos también deben aportar hasta un máximo del 15% (artículos 8 y 9).
CONCLUSIÓN: Los trabajadores pagarán las deudas que la Provincia (que abarcaría a los entes autárquicos y descentralizados) y sus Municipios tienen y tenían con el IPAUSS, se licuo la deuda de 13 mil millones a 3 mil millones y se crea un fideicomiso para que se realicen viviendas con la plata «reconocida» por el ejecutivo y el supuesto recupero iría al IPAUSS (no dan plazos para el recupero), esto quiere decir que se hará política con el dinero del trabajador y como premio, para este último, se le aplica un aporte solidario (se le pone la mano en el bolsillo) y desaparece el 82% móvil, ya que los aumentos para los jubilados quedará reducido al arbitrio del ejecutivo, traducidos en «dos aumentos al año».
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